Mientras observamos cómo el sistema reconoce el servicio de militares y policías con una estructura clara —una pensión vinculada directamente a la remuneración consolidada al momento del retiro, bajo el principio de que su labor merece una seguridad digna al finalizar su vida activa—, el docente se encuentra en una situación de total vulnerabilidad.
La Ley 32581 fue recibida con una esperanza contenida por miles de maestros que entregaron su vida, su salud y su tiempo al desarrollo humano y social de este país. El vencimiento del plazo el 14 de julio sin una reglamentación por parte del Ejecutivo no es un simple retraso administrativo; es un mensaje político contundente.
Un Ejecutivo que ignora un plazo de 90 días para reglamentar una ley de «Pensiones Dignas» está decidiendo, activamente, dejar en el desamparo a quienes formaron a quienes hoy dirigen la nación. Cuando hay voluntad política, los presupuestos aparecen y los reglamentos se firman en días; cuando no la hay, se usan los plazos como muros de contención.
No cuestionamos que el servidor militar o policial tenga una pensión digna; cuestionamos que el Estado considere que la formación de ciudadanos no tiene el mismo peso social ni la misma dignidad humana. ¿Por qué el servicio a la defensa nacional es «consolidado» y el servicio a la construcción de mentes es «prescindible» o «postergable»?
El magisterio no pide privilegios, pide justicia. Cuando el Estado no reglamenta una ley que busca otorgar pensiones dignas, está enviando un mensaje a los docentes activos: “Tu entrega no será reconocida al final del camino”. Esto no solo es una falta de equidad, es una afrenta al desarrollo social del Perú.
El desarrollo humano y social, que tanto nos gusta citar en los discursos, no se construye con leyes que se archivan en un cajón, sino con el respeto a la trayectoria de quienes, con tiza en mano y vocación inquebrantable, pusimos los cimientos de este país.
La pregunta que queda flotando es: ¿Qué clase de país queremos construir si el docente, al final de su vida profesional, es tratado como un gasto y no como una inversión histórica?
Considerando la situación de los maestros cesantes y la falta de reglamentación de esta ley, ¿qué acciones o mecanismos cree que serían los más efectivos para que el magisterio sea escuchado y se concrete esta justicia salarial?